CAMBIAR PARA QUE TODO CAMBIE
El «gatopardismo» es en ciencias políticas «cambiar todo para que nada cambie». La paradoja, expuesta en la novela «El gatopardo«, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, expresa la siguiente contradicción aparente:
«Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie».
«Después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado».
«…una de esas batallas que se libran para que todo siga como está».
Pues bien, el gatopardismo no es ajeno a los procesos de transformación institucional.
No me refiero a quienes abiertamente rechazan los cambios. Tampoco a las personas que muestran su acuerdo (¡¡aparente!!) con las reformas, pero que nunca ven que sea el momento adecuado para implementarlas. Son las que siempre consideran que es preferible no precipitarse, y que es mejor esperar, asegurarse, madurar más, o hacerlo todo con más pauta y tranquilidad. Todo ello, obviamente, con la verdadera intención de conseguir que las reformas y los cambios nunca lleguen.
El caso es otro. Es el de las personas que ven necesario el cambio, pero que se conforman con que se produzca de modo controlado y lo ven compatible con que, al cabo, las cosas sigan igual. Que nada cambie sustancialmente y que la organización (en este caso la judicial), bajo una u otra apariencia (Juzgados; Servicios Comunes), siga respondiendo al mismo marco de relaciones y a la misma forma de siempre de hacer las cosas.
Lo que ocurre es que los meros cambios formales no nos valen. La modernización judicial que estamos impulsando entre todos pretende que el servicio público judicial mejore sustancialmente y dé el salto cualitativo que la ciudadanía demanda con fuerza. Y para lograrlo, la organización judicial tiene que cambiar “de verdad”.
Para conseguir esto no basta con decirlo. Hay además que proporcionar a los actores las herramientas, instrumentos y las metodologías necesarios para que puedan alcanzarlo de manera ordenada y de acuerdo con las mejores prácticas.
Y esto es lo que estamos haciendo. Dentro de la estrategia de despliegue de la oficina judicial son varios los Proyectos que persiguen este objetivo. Uno de ellos es el establecimiento de Protocolos Marco de Actuación. Es el documento, que propone el Secretario Coordinador Provincial y que aprueba el Secretario de Gobierno del territorio correspondiente, que establece normas que:
- Estandarizan tareas de gestión y procesales;
- Definen las comunicaciones y relaciones entre las distintas Unidades de la Oficina Judicial;
- Identifican responsabilidades de sus distintos integrantes;
- Fijan criterios de prelación de asuntos;
- Fijan directrices en materia de control de calidad.
En fin, el Protocolo de Actuación de las Oficinas Judiciales es el documento que fija pautas y criterios para orientar en la misma dirección la actuación de todas las personas que trabajan en los Servicios Comunes Procesales. Puedes acceder a los protocolos procesales de actuación de las ciudades con oficina judicial desde aquí.
El Protocolo contiene 6 documentos anexos, que hacen parte integral del mismo y constituyen las principales herramientas de homogeneización y unidad de criterio en la actuación dela Oficina Judicial.
Entre ellos destacan el Manual de Puestos y el Manual de Procedimientos de la Oficina Judicial, que serán objeto de tratamiento específico y análisis en este blog.
El Manual de Puestos define y delimita las funciones de los puestos de trabajo asociados a las diferentes unidades que componen su estructura organizativa. Es una guía práctica que facilita el proceso de adaptación a las nuevas funciones y atribuciones. Pretende ser un instrumento práctico para la administración del personal, a través del cual se delimitan y particularizan las funciones de los puestos de trabajo que conforman las relaciones de puestos de la NOJ, así como los requerimientos definidos para el desempeño de los mismos. En definitiva, una herramienta útil que hace posible la introducción de metodologías de trabajo y criterios de gestión homogéneos en todas las nuevas oficinas judiciales.
Por su parte, el Manual de Procedimientos describe las actividades y las tareas que deben seguirse en la prestación de servicios desde la Oficina Judicial. Identifica el Servicio Común propietario del procedimiento, y también las personas responsables de la supervisión y realización de las tareas que se desarrollan en el procedimiento.
Contiene información sobre instrucciones, formularios, normas u otros documentos de apoyo para un trabajo más fluido.
Otro de los Proyectos que coadyuva a este fin es el Proyecto de Optimización de Servicios Comunes Procesales, que también merecerá en su día atención específica, porque es uno de los más estratégicos de todos los que se han puesto en marcha. Su objetivo es marcar las pautas de la organización interna de las distintas secciones y equipos en que se organizan estos Servicios Comunes, apoyando a sus directores en la distribución eficaz del trabajo y definiendo los criterios de asignación de tareas. Para conseguir que de modo real y efectivo las oficinas judiciales abandonen las antiguas prácticas de trabajo y las vayan sustituyendo por las nuevas, más eficaces.
Porque este es el reto. Que entre todos consigamos cambiar todo para que todo cambie.
José de la Mata
DGMAJ
Twitter:@jdlmata
Blog de Modernización Judicial 
Soy Carlos Valiña, Secretario Judicial con destino en el Juzgado de lo Penal 4 de Santander, agradezco la oportunidad de esta tribuna pública, para dar a conocer mi opinión sobre la reforma de las Secretarías de los Juzgados y Tribunales (lo que ahora se llama NOJ), y ya puedo adelantar que disiento del contenido de la anterior intervención, tanto en la forma como en el fondo.
En lo tocante a la forma:
Existe entre muchos políticos una tesis previa, una corriente de fondo, en virtud de la cual hay que estar reformando continuamente las cosas para alcanzar un nivel mayor de resultados. Esta línea de pensamiento es tan fuerte, que pasa por alto que toda reforma supone generalmente un dispendio de recursos económicos, porque no se parte de cero, hay que desmontar en parte lo existente y crear cosas nuevas, (dispendios que tras 30 años nos han conducido al pozo actual); es tan fuerte que es absolutamente refractaria a recuperar cosas que en el pasado funcionaron bien y cuya supresión o modificación resultó contraproducente (v gr: los Juzgados de Distrito); y es tan fuerte que choca absolutamente contra el sentido común, puesto que en todos los sistemas hay un punto óptimo de máximo rendimiento, y a partir de él, si seguimos introduciendo cambios, en lugar de más eficacia, conseguiremos mayor ineficacia, o en el mejor de los casos, algo más de eficacia, pero con un consumo mucho mayor de recursos, lo que es tanto como decir que en verdad somos más ineficaces.
Existe además entre muchos políticos otra convicción profunda y acendrada, en este caso, la de que son más inteligentes y conocedores del teatro de operaciones que quienes les precedieron en el cargo, lo cual se une a una pulsión muy humana de querer dejar su impronta en las cosas, pero también esta postura es absurda, pues, teóricamente, llega un momento en que el siguiente político no es más inteligente que el anterior y en lugar de mejorar las cosas, las empeora. El razonamiento es el mismo que el del párrafo precedente.
Por tanto, cuando se habla de que existe una actitud consistente en cambiar algunas cosas para que todo siga igual, hay que tener cuidado de no confundirla con otra mucho más extendida y que vulgarmente se conoce como: «Virgencita que me dejen como estoy».
Ciertamente puede haber colectivos o personas concretas que prefieran mantener las cosas como están, porque eso favorezca a sus intereses personales o corporativos, y desde la perspectiva de un político reformador, podrá parecer la misma actitud que la de quienes nos oponemos y consideramos un error total la reforma de 2003 y la de 2009, y por tanto solo buscamos evitar un desastre mayor que vemos inminente.
Pero aun cuando nuestra actitud de rechazo sea coincidente, nuestras motivaciones son muy dispares.
A mi la anterior intervención me hubiera parecido correcta en la forma, si hubiera discriminado entre ambos tipos de rechazo a la NOJ y demás reformas colaterales, pero no se hace, y no me parece justo, ni objetivo, es más, se nos mete a todos en el mismo saco.
Y, del mismo modo, no todos los partidarios de la NOJ están mirando precisamente para el beneficio del país y algunos más bien están tratando de conseguir beneficios corporativos propios y tan rechazables son los unos como los otros, pero de esto nada se dice en dicha intervención.
Mientras muchos políticos no comprendan, (tal y como se lo están diciendo los ciudadanos en las puertas de los Parlamentos), que viven en un mundo irreal, y que la gente de infantería, los que de verdad curran anónimamente, y los ciudadanos, son los que están pagando las consecuencias de tanta reforma, tanto vídeo divulgativo, tantas comisiones, tantas reuniones, tantos asesores, tanto despilfarro, y tantos intereses corporativos (en que las cosas no cambien, o en que cambien en beneficio de algunos), las cosas no pueden ir por buen camino.
Los ciudadanos gritan en la calles «no nos representan» a los Políticos y yo como Secretario grito en los foros, que ni los Sindicatos de Funcionarios nos representan, ni lo hacen las organizaciones de Secretarios subvencionadas desde el poder. Y no soy el único que lo piensa y lo dice, que más de la mitad del colectivo está fuera de todo eso. Por algo será.
Jueces, Funcionarios, Secretarios, Abogados, Procuradores y ciudadanos, (que tampoco se sienten “representados”), se oponen a estas reformas meramente porque constituyen un error, van a costar más dinero y no van a lograr más eficacia. Simplemente. Así. Sin más. Se oponen a ellas por sentido del estado.
A todos ellos casi siempre se les silencia, o no se les recibe, cuando no se les ningunea y se prefiere escuchar la voz de aquellos que dan la razón al poderoso, las más veces mirando más por su propio beneficio particular que por el del estado.
Pero si se quiere conocer la verdad, solo hay que entrar en este enlace:
http://www.unidad-de-accion.com/foro/viewtopic.php?t=4782
es decir, salir de los despachos, bajar a la calle y hablar con la gente de a pie, pero cuando hablan con el corazón en la mano y no con miedo, o en función de lo que pueda pensar o hacerles quien les escucha, sino con sinceridad, que es precisamente lo que en este foro sí pueden hacer.
Y a mi entender, la verdad no se parece en demasía al contenido de la anterior intervención.
En mi opinión, visto lo que sucede en las calles, y que lleva años incubándose, el problema es que la gente está harta de que la tomen por tonta.
Si esta reforma ha sido una metedura de pata, prefieren que alguien con valor, salga y lo diga, y que no se meta un euro más ahí, en lugar de que continúe una absurda huida hacia adelante hasta la derrota final y un consumo inútil de recursos públicos que no tenemos.
Por lo que hace al fondo del asunto:
Todos los protocolos, programas y demás que se citan ahí, en una autentica riada, (como si la acumulación de documentos pudiera por sí misma mejorar un diseño), no tratan nada de lo realmente esencial.
Lo que hace que una cosa funcione o no funcione, son tres factores que no se tienen en cuenta en todos esos documentos y que son fundamentales:
a) La naturaleza humana
b) Los problemas de escala
c) Los condicionamientos estructurales del sistema.
Si a mí me dicen que todos esos documentos no han tenido en cuenta estos tres factores, no necesito ni leerlos para saber que no sólo no van a arreglar nada, sino que, precisamente, porque el sistema anterior sí los tenía en cuenta, (aunque solo fuera porque los que lo crearon si los conocían), vamos a ser más ineficaces, y cada documento adicional solo supone más horas de tiempo de trabajo perdidas por los que los redactaron y seguramente más gastos y sueldos para ellos y menos para nosotros en el futuro.
Analicemos los tres factores clave:
a) La naturaleza humana:
Los romanos, que sabían más que los de ahora, (por algo inventaron el derecho), tenían muy claro que la comunidad es fuente de problemas y tendían a destruir toda comunidad, fuera hereditaria, de bienes, etc. La mayoría de nuestros políticos emprenden la senda contraria, exagerándola y llevándola a extremos sin sentido.
Por no hacer esto interminable valga un ejemplo rápido: Una Audiencia es una especie de pequeño servicio común. Tiene varios Jueces y varios Funcionarios con una plantilla más amplia que la de un Juzgado. Bien, todo el mundo sabe, que en la gran mayoría de los casos, se trabaja menos en las Audiencias que en los Juzgados, de manera que Jueces, Secretarios y Funcionarios pretenden siempre irse a ellas. Ergo, si queremos incrementar rendimientos, tenemos que dividir la Audiencia en Juzgados de Apelación, aunque para la vista y la Sentencia compartan Sala tres Magistrados y suprimamos una Presidencia. Lo clave es que cuanto más dividamos mejor. Si convertimos los Juzgados de una plaza en una especie de Macro Audiencia o en dos, (una de Trámite y otra de Ejecución), pues obviamente el rendimiento «per cápita» sera menor. Se trata simplemente de analizar la realidad actual y de siempre y extrapolarla.
Cada vez que se crea un servicio común las cosas se empantanan, hay que hacer más viajes, hay que listar lo que sale y lo que entra, el procedimiento no es de nadie y se tiende a largarlo hacia el siguiente incluso de cualquier manera, hay luchas entre órganos, etc. Errores sobre errores.
Y lo de escanear los asuntos y demás, es otra cosa contraria a toda lógica. Se ralentiza enormemente el manejo de los asuntos y se multiplicarán los errores. Lo primero que hará el Juez será decirle al Auxiliar, imprímame el asunto, para poner la sentencia, o resolver un recurso complicado. Es lo mismo que pasa con la grabación de las vistas. No se confió en las actas de los Secretarios y se dispuso el tinglado de la grabación. Ahora en la Audiencia se pierde tanto tiempo buscando en el CD, que muchos discos regresan de la Audiencia sin haber sido abiertos. Nuevamente se ignora la naturaleza humana cuando se diseñan las cosas. Un error fatal.
Hay que eliminar las zonas de fricción, las zonas donde los procedimientos cambian de manos, por eso en el Penal 4 de Santander los Funcionarios llevan los asuntos de principio a fin. Es decir, el Juzgado está dividido en 7 minijuzgados autónomos con un Funcionario cada uno. Eso funciona, y cada Funcionario que sale de él hacia otro órgano es un todo terreno. Cada uno de ellos se mide en el rendimiento del vecino y nadie quiere quedarse demasiado atrás. No hay rencillas, porque la carga de trabajo es idéntica, (salvo un plus de los Gestores). Cada uno conoce todos los detalles del pleito, (personalidad de las partes, domicilios, teléfonos, todo) y se generan pequeñas economías de escala que, multiplicadas por cientos de funcionarios, suponen un gran activo.
Por el contrario, donde un Funcionario está obligado a hacer algo siempre igual y concreto en un servicio común, se adocena, se aburre, se empobrece jurídicamente, y las más veces sufre horriblemente y se desespera, cuando no pierde la conciencia de su propia valía y queda alienado. Eso es un Servicio Común y lo sé porque estuve cinco años allí, a diferencia de cuantos han ideado estas reformas.
Lo que se pretende con la NOJ es un poco como la división del mapa de África, a base de líneas rectas. Todo muy razonable sobre el papel, pero sin tener en cuenta a la gente y como es la gente. Y resulta que es la gente la que mueve los remos y es el primer factor con el que hay que contar.
b) Los problemas de escala.
La ceguera de buscar continuamente supuestas economías de escala, impide ver a los políticos que también existen los problemas de escala, menos conocidos, pero no por ello menos letales. Basta buscar en Internet economía de escala y problemas de escala para comprobar como aquellas lucen vistosas y estos permanecen semiocultos, pero existir existen y, precisamente, porque son más difíciles de ver son más peligrosos. En el foro venimos avisando sobre ellos desde antes de 2002 y ahora los tenemos en escena y mucho me temo que han sorprendido a más de uno.
Si en una habitación un Funcionario lleva 600 papeles y pierdo uno, puedo localizarlo. Si en una habitación cada funcionario solo tiene 500 papeles, pero hay 100 funcionarios, una vez perdido un papel, tengo que buscarlo entre 50.000 papeles y no lo localizaré. Al final, como esto sucederá muchas veces, tengo que poner policías para dirigir el tráfico de papeles y terminaré perdiendo lo que había ganado y mucho más.
Toda organización grande termina perdiendo eficacia, y así por ejemplo, encontraremos mucha más eficacia en una pequeña oficina bancaria, donde hasta el Director tiene que atender en la ventanilla mientras el Cajero sale un momento (cual he visto en la calle Alta de Santander), que en un enorme edificio central lleno de jefes, de jefes de los jefes y de jefes de los jefes de los jefes.
El juzgado es una unidad perfectamente eficaz, es fácil aumentar o disminuir su número, añadirle o quitarle plantilla, y si hay un problema en uno de ellos, el mismo está aislado, no contamina a los demás y puede corregirse.
El error de la mayoría de los políticos parte de tomar a un juzgado que puede levantar una concreta carga, meterle el doble o el triple de carga y cuando no funciona, demonizarlo y pensar que hay que cambiar el modelo.
No señor. Hay que cambiar a esos concretos políticos porque están hundiendo a ese Juzgado.
La sociedad ya se ha dado cuenta de donde está el problema y les está pidiendo a los políticos que rectifiquen el rumbo, que saneen el sistema. Ahora mismo la única decisión sensata en este tema, es revertir lo más rápidamente posible lo que se ha hecho en las «ciudades piloto», antes de que los daños sean mayores y ahorrar los recursos extras que se están aplicando ahí, (para tratar de que no se note tanto el problema generado) porque vamos a necesitar cada euro que podamos ahorrar.
Si no hay dinero para crear más Juzgados, habrá que partir de que tenemos un país pobre y habrá que buscar los medios para levantar las cosas recurriendo a sistemas pobres. Menos Fiscales, menos jerarquización (para ahorrar jefes), menos liberados, menos registros que nos quitan tiempo para trabajar, menos cambios que nos vuelven locos, menos delitos, menos procedimientos, menos dislates del Tribunal Constitucional, menos garantismos absurdos y menos pérdida de las verdaderas garantías, menos Fe Pública, menos procedimientos orales, más juzgados de distrito, mas intervención de la Comisión General de Codificación, más adecuación de la carga de trabajo al juzgado, más control de los abusos de algunos Jueces, Secretarios y Funcionarios, más concentración de las responsabilidades gubernativas de Jueces, Fiscales, Secretarios, Funcionarios, Forenses, Prisiones, etc en un único órgano y un larguiiiiiiiiiiiiiiiisimo etc.
En el pasado se hacían las cosas con cuatro perras. No tenemos un euro, pues tenemos que mirar al pasado, y dejarnos de ciencia ficción. Esta es la realidad de las cosas y por eso esta reforma nació muerta, porque necesitaba de un incremento de personal real de un 30% y de unas obras faraónicas que no nos podemos permitir.
Es simple: No hay dinero luego no podría llevarse a término aunque fuera viable. No siéndolo, con mayor motivo.
c) Los condicionamientos estructurales del sistema:
Finalmente el tercer gran error es no comprender que los esquemas organizativos que se quieren aplicar a la justicia, aquí no sirven. En una Administración de Hacienda, un único responsable toma las decisiones y todo lo demás se le subordina. Tenemos una estructura humana unipiramidal en la cual podemos establecer repartos de trabajo en forma escalonada y de arriba abajo. Este es el esquema general de todas las administraciones públicas del mundo, sean ayuntamientos, diputaciones, universidades, parlamentos, ministerios, consejerías, gobiernos, ejércitos, etc.
Pero héteme aquí que en la justicia este modelo se rompe. Porque no tenemos un único Administrador de Hacienda o un único Presidente del Gobierno, tenemos 4000 órganos, sean jueces o tribunales, cada uno de los cuales aplica leyes, lo hace con independencia judicial nada menos y, consiguientemente, introduce una complicación estructural en el sistema de enormes proporciones, (al margen de la incidencia «corporativa» naturalmente esperable, en cuerpos que ostentan tal posición singular en el conjunto del organigrama administrativo del estado.)
Luego ya no tenemos una estructura unipiramidal clásica, sino que nos encontramos con 4000 órganos (si no incluimos a la justicia de paz), cada uno con una dotación mucho más pequeña que la de cualquiera de las administraciones a las que me refería, y además dotados de una independencia que impacta directamente sobre muchas de las posibilidades organizativas de las administraciones públicas.
La lógica de las cosas debería llevar a aplicar el principio que reza que, donde hay problemas diferentes deben aplicarse soluciones diferentes, y en lugar de eso, se tiende a hacer justamente lo contrario, es decir, a copiar los esquemas que mal funcionan en otras administraciones completamente diferentes a la de justicia, confiando en que aquí también funcionarán y no. No funcionan.
Veamos un ejemplo de esta semana, un ejemplo real, tomado sobre el terreno. Conversación con un Forense. Preguntado sobre como están ahora, me dice que mucho peor que antes de las transferencias. Me dice que antes estaban adscritos a un Juzgado o dos y entonces se ponían de acuerdo con el Juzgado para que no les señalara nada en sus vacaciones. Ahora mismo, al poder llamarles de cualquier lado, es un desastre, total que van por los Juzgados dejando su plan de vacaciones en fotocopia a ver que se puede hacer (muy poco con juicios señalados ya con meses de antelación). El resultado es que, como sin vacaciones no se pueden quedar, al final se suspenden actuaciones, pues hay casos en los que no puede informar un Forense por otro. (Les duele pero no les dejan otra opción). Me dice que antes conocían al Magistrado de su Juzgado, o a los de los dos que tenían adscritos, y sabían como quería los informes etc, ahora no, y es un lío y así sucesivamente.
En definitiva, se crea un servicio común de forenses, aunque no se le dé tal nombre, se le ponen unos jefes y en lugar de funcionar las cosas mejor, funcionan peor.
El caso no es muy diferente en el Servicio Común de Fiscales, aún llamado Fiscalía. Habiendo varios Fiscales en nuestro edificio, por motivos de «reparto equitativo del trabajo» parte de nuestros asuntos van al edificio de Salesas y otros a ¡Torrelavega! y con ser esto absurdo, al menos vuelven todos a cada Juzgado. Si volvieran a un Macro Servicio Común con pleitos de varios órdenes jurisdiccionales, sería aun peor.
Los hospitales trabajan con equipos médicos, una ambulancia, un médico, enfermeros, conductor y así salvan vidas. Cada uno tiene sus cometidos y el equipo puede funcionar bien. Esta es la idea.
La cuestión es: si me han atropellado en la carretera, prefiero una ambulancia con el equipamiento normal y gente que sabe lo que hace, bien rodada y que trabajan en equipo, o prefiero cinco ambulancias de última generación, una para la transfusión, luego otra para la placa, otra para desfibrilador…..
La justicia es un paciente muy enfermo, cambios lentos y graduales, poco movimiento y ajetreo y medidas sensatas, eso es lo que necesita.
No se ha tenido en cuenta que los cálculos de Madrid se hacen sobre procedimientos que van bien y no sobre los irreductibles y que cada día que pasa, hay más de estos en los armarios, porque lo fácil sale y lo que se enreda no, y que los irreductibles son legión y desbaratan cualquier cálculo bienintencionado y más en época de crisis.
Si tengo que organizar una compañía de transportes en la provincia de Badajoz, no tendré mucho problemas. Si he de hacerlo en una estructura previa atomizada, como Canarias o las islas Cícladas, tendré problemas diferentes, que requieren soluciones diferentes.
Cualquier otra administración pública distinta de justicia es una suma de servicios comunes, y jefecillos con un pequeño staf personal.
Cualquier otra administración pública tiene un número de asuntos proporcionalmente muy inferior, de una complejidad normalmente muy inferior (porque no hay una lucha entre partes, ni se juegan cosas tan serias), y se puede permitir el lujo de andar paseando asuntos, de cuando en cuando, de un negociado a otro.
Nosotros no.
Para finalizar una reflexión:
El problema de la justicia es mucho más complejo que lo que se pretende resolver con esta reforma. La justicia funciona mal en casi todas partes: no le interesa que funcione a los deudores, ni a sus representantes legales, ni a los delincuentes ni a sus representantes, algunos dicen que ni en el fondo al estado (para no pagar, basta ver los años que tardaron en crearse los juzgados de lo contencioso), y solo algunas víctimas y algunos acreedores tienen interés. Cuando la cosa va muy mal, el estado mete un poco más de dinero y tira otros pocos de años, pero sin arreglar las raíces del problema, simplemente, atempera la fiebre del paciente.
Los políticos nos dicen una y otra vez que van a ir al fondo del problema, como en 1985 con la reforma de la LOPJ, y fuimos a peor, o con la supresión de distrito en 1988 y fuimos a mucho peor, o con la nueva ley de enjuiciamiento civil y perdimos la experiencia de miles y miles de funcionarios que celebraban juicios civiles… De las reformas de 2003 y 2009 mejor no hablar. Otra década pérdida.
Ya no nos lo creemos. Sabemos que no se están atacando las causas de fondo del problema, que van mucho más allá de la organización, de la idolatría por la informática (que devora ingentes recursos para muy parcos resultados), o de la redistribución de las competencias. Sabemos que hay que reformar el sistema penal que ahora mismo es una maraña imposible, que hay que quitar tasas, registros, estadísticas, procesos electorales, registros civiles y miles de trámites y ocupaciones que nos empantanan, que hay que redactar leyes procesales que recojan los miles de casos concretos no regulados, que hay que crear órganos colegiados internos de solución de conflictos, que hay que dejar que los proyectos de ley los haga gente de dentro y de infantería, que hay que quitar muchos servicios comunes y así se podría seguir durante mucho tiempo.
Si fuéramos ricos no habría mayor problema en cambiar todos los días de modelo y en montar complicadísimas reformas que necesitaran no se cuanta gente más para funcionar. Bastaría con multiplicábamos por dos las plantillas y ya está.
Pero no lo somos. Aquí no nos sirven ni estanterías.
Insistir en reformas que exigen más recursos y no menos, en estos momentos, no me parece una actitud responsable, aunque respeto que se pueda pensar diferente.
Por eso si yo tuviera un cargo en el Ministerio de Justicia y no hubiera dimitido antes, lo haría ahora, salvo que consiguiera revertir el proceso y empezar a ahorrar dinero con urgencia. Por eso sí merecería la pena luchar.
Pienso que ha habido gente en el Ministerio que realmente ha creído en lo que hacía o sigue creyendo en ello, pero es momento de abrir los ojos.
Recuerdo una exposición que nos hicieron en Santander personas del Ministerio, de todo el proyecto piloto previsto para Santander. Gente joven e ilusionada, más un político que no recuerdo quien era. Nos contaron su trabajo, que habían medido los tiempos de tramitación de un funcionario, que habían añadido una hora de pérdidas…. y su conclusión fue que todas las ejecuciones de penal y social de Santander (que no las levantan ni entre 20), se podían sacar con 8. En vano intentamos hacerles ver que tal cosa era absurda. Yo me fijé en los rostros de los antiguos funcionarios del Ministerio, los veteranos, los que realmente saben un poco de esto, sentados atrás y sin abrir la boca y sus caras eran un poema.
Posteriormente, en los estertores del tema NOJ en Santander, se pensó que, en efecto, había que poner más gente ahí, pero, curiosamente, la misma Comisión de turno que pensó eso, la primera conclusión a la que llegó en Santander, fue dejar fuera del invento a las Audiencias. Es decir, el único lugar donde podíamos encontrar más personal para oxigenar a los Juzgados se quedaba fuera….
Finalmente el proyecto piloto, tras ver los datos de Burgos y Murcia, se quedó en nada.
En los sótanos del edificio de la calle Alta de Santander, camino de los calabozos, hay como siete tomos de papeles, (calculo a ojo que unos 3000 folios), con todo lo que iba a ser y no fue y allí está, arrumbado y medio pisado.
Y a mí me duele.
Me he pasado media vida improvisando en los Juzgados para aprovechar lo que otros tiran y me duele el despilfarro de una reforma inviable económicamente y que a mi juicio solo puede llevarnos a peor.
A mi me duele que se haya perdido una década entera para tener que volver al punto de partida, cuando se hubieran podido hacer cosas que, si bien no podían arreglar del todo el problema, sí podían reconducirlo a medio y largo plazo.
Lo malo es que estamos ya en tiempo de descuento, y puede que la oportunidad haya pasado para todos.
Se que muchos compañeros míos pusieron toda su ilusión en esto, pero los hechos son tozudos.
Ni es lo mejor para el país, ni es lo mejor para los Secretarios Judiciales y creo que tras llevar desde 1993 luchando por mejorar la administración de justicia y la suerte de nuestro cuerpo, y por ese orden, debía de decirlo.
Me ha llevado más de tres horas escribir este texto, de hecho son las tres y veinte de la madrugada, mañana toca trabajar y estoy cansado, de manera que es posible que algunas ideas no hayan quedado como a mi me gustaría, o haya sido injusto con alguna persona o colectivo, sobre todo en las generalizaciones, (por no aludir continuamente a las naturales excepciones).
Vayan desde aquí mis disculpas anticipadas.
Un saludo muy cordial.